Por Juan Loreto Gómez Soto, Representante a la Cámara por La Guajira / 31 de julio, 2025.

En medio del ruido político y las tensiones internacionales, Cerrejón ha estado en el centro del debate público. Se le señala con facilidad como la causa de todos los males de La Guajira, pero conviene revisar los hechos con serenidad, porque convertir a la principal fuente de inversión de la región en blanco de polarización es peligroso.

La relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese, afirmó que el carbón que alimenta la industria israelí también alimenta un conflicto que califica como genocidio. Su señalamiento encendió las alarmas éticas a nivel global y La Guajira no puede ignorar el debate. Cerrejón ha sido enfático en que cumple la ley colombiana, incluido el Decreto 1047 de 2024, y que no ha exportado carbón a Israel desde el 3 de agosto del año pasado. Las declaraciones oficiales que insisten en vincular a la empresa con exportaciones posteriores no han sido acompañadas de pruebas claras, lo que genera más confusión que certezas.

En este contexto, sorprende que la respuesta del Gobierno haya sido pedirles a las comunidades que bloqueen la salida del mineral. Más allá de la indignación legítima que genera el conflicto en Gaza, un jefe de Estado no puede delegar su deber institucional en vías de hecho ni usar a la ciudadanía como herramienta de presión.

Para eso existen mecanismos legales: si hay violación normativa, se debe investigar y sancionar, haciéndolo desde la institucionalidad. El presidente debería haber sido el primero en entrar a Cerrejón, escuchar a los trabajadores, hablar con las comunidades, mirar el territorio más allá de los discursos.

También es momento de hablar del otro silencio. En La Guajira se escuchan cada vez con más frecuencia las noticias sobre recortes de personal en Cerrejón. Las olas de despidos son señales claras de que la empresa empaca maletas. ¿Qué vamos a hacer para que no queden en el aire más de 10 mil empleos y no colapse la economía local?

En Hatonuevo, se realizará una audiencia pública impulsada por el Gobierno, para exigir el cese inmediato de cualquier exportación de carbón a Israel. SI el Gobierno se lo propone, ese espacio debe servir, no para polarizar más, sino para poner sobre la mesa todos los elementos.

Cerrejón, como empresa, tiene responsabilidades enormes. No solo cumplir la ley, le toca atender con transparencia los cuestionamientos éticos que hoy están sobre la mesa. Entre ellos, las denuncias persistentes sobre enfermedades respiratorias y cáncer en las comunidades cercanas a la mina. Este no puede seguir siendo un tema secundario, necesitamos un seguimiento epidemiológico que permita mitigarlo.

Ni la estigmatización política ni la defensa ciega construyen futuro.

 

Por Juan Loreto Gómez Soto, Representante a la Cámara por La Guajira / 24 de Julio/2025

El Gobierno firmó, a puerta cerrada, un memorando para crear una supuesta “Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional” en la frontera. Lo firmaron el 17 de julio, pero solo una semana después los colombianos nos enteramos a medias de qué trata. Aún hoy, el texto completo no es de conocimiento público y yo quiero preguntarles ¿Por qué tanto secreto si esto supuestamente traerá bienestar?

Lo primero es que este memorando es un riesgo jurídico y político de grandes proporciones. El propio artículo 224 de la Constitución permite al Ejecutivo aplicar provisionalmente tratados, pero obliga a remitirlos al Congreso para su aprobación, incluso si solo entran en vigor de manera temporal, pero el Congreso no ha recibido ninguna notificación o información sobre este acuerdo. Según el texto del memorando filtrado por los medios de comunicación, el documento no es vinculante, aunque ordena planes de acción y mecanismos de seguimiento.

Lo segundo es la soberanía. En enero vivimos una crisis humanitaria sin precedentes en Catatumbo por la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC, que dejó muertos y miles de desplazados. Muchos de esos grupos operan desde Venezuela, donde han encontrado refugio y complicidad. ¿De verdad cree el Gobierno que firmar un acuerdo económico con una dictadura que ampara guerrillas va a traer paz y seguridad?

Tercero, este memorando es ambiguo hasta el extremo. No sabemos qué incluye esta zona, qué reglas aplicarán ni cómo se van a manejar las aduanas, los tributos y el comercio. Lamentablemente, esta frontera guarda contrabando, narcotráfico y grupos armados, tanto que esta opacidad es gasolina para la ilegalidad.

Además, esta no es solo una “zona piloto”, el memorando abre la puerta para que se creen más zonas a lo largo de toda la frontera. Nosotros, como Rusia o China, vamos a hacer un acuerdo sobre nuestra gestión económica con un país sancionado, sin democracia y con historial de burlarse de los acuerdos internacionales

Yo no me opongo al comercio ni al desarrollo de nuestras regiones de frontera. Me opongo a que se firme un acuerdo de esta magnitud sin control del Congreso, sin consulta a los alcaldes y gobernadores y mucho menos a las comunidades que viven en esas zonas. Me opongo porque es un trato con un régimen señalado de proteger a grupos armados y de violar sistemáticamente los derechos humanos. Y me opongo porque un país con una democracia cuestionable no puede convertirse en socio prioritario de Colombia para definir zonas económicas que ni siquiera sabemos cómo van a funcionar.

Si el Gobierno cree que esta zona traerá legalidad, que empiece por respetar nuestras leyes, por aclarar cada línea de lo firmado y por pasar este memorando al Congreso, como exige la Constitución. Lo contrario es abrirle la puerta a la incertidumbre poniendo en juego nuestra soberanía, nuestra seguridad y nuestra institucionalidad.

Por Juan Loreto Gómez Soto – Representante a la Cámara por La Guajira / 17 de Julio, 2025

Esta semana, en el Consejo de Ministros, nos mostraron el Presupuesto 2026 que piensan radicar en el Congreso como si fuera el premio gordo de la lotería. Se jactan de que sube un 8 %, que la inversión crece casi otro 8 %, que la deuda baja un 9 % y que el funcionamiento, con tristeza, aumenta un 13 %. Ese aumento es una cifra vacía, sin respaldo, y lo peor es que La Guajira sigue siendo ignorada, como si no existiera.

El propio marco fiscal de mediano plazo, que el Gobierno presentó en junio, dice claramente que el presupuesto no debería crecer más allá de la inflación proyectada, que es del 3,6 %. Sin embargo, ahora nos quieren vender un crecimiento que la duplica, mientras todos sabemos que el presupuesto de 2025 fue recortado y que, al paso que vamos, no se va a ejecutar completo.

No quiero otro año viendo a directores de entidades, como el de la UNGRD, rogando por declarar emergencia económica porque “no hay giros ni traslados”, mientras nuestros niños caminan kilómetros o pedalean en las bicicletas que les entregaron, cargando baldes de agua en la Alta Guajira.

Ahí está mi reclamo, mientras se proyectan billones para múltiples sectores, el Proyecto Multipropósito del Río Ranchería sigue condenado a ser el elefante blanco más costoso del Caribe colombiano. Más de $650.000 millones enterrados en concreto para que el agua quede estancada en la presa El Cercado, mientras el resto de la obra sigue a medio hacer.

Ese proyecto no es un capricho, nació con la promesa de cambiarle la vida a miles de guajiros, llevar agua potable a nueve municipios, irrigar más de 18.000 hectáreas, darles fuerza a nuestros campesinos para diversificar cultivos, mejorar rendimientos, reactivar la economía local y generar energía limpia para el territorio rural.

Desde la Comisión Cuarta de la Cámara he dado esta pelea una y otra vez; en el Presupuesto General de la Nación 2023 radicamos una proposición para que se asignara al menos una parte del recurso necesario, con base en los estudios actualizados de la ADR, pero nos dijeron que no. En el PGN 2024 propusimos un mecanismo de deuda responsable, 70 % Nación y 30 % entes territoriales, y también nos dijeron que no. Parece que cuando se trata de La Guajira, el «no» siempre está listo.

Ahora, cuando se llenan la boca anunciando aumentos de inversión, ¿dónde está La Guajira? Otra vez en la lista de espera, otra vez con la mano extendida, otra vez invisible.

No pueden venir a decir que no hay plata para terminar un proyecto que ya tiene estudios, diseños y costos actualizados, mientras al mismo tiempo anuncian un presupuesto que crece un 8 %, que ni siquiera cumple con su propia regla fiscal hecha a su medida.

Además, la inversión nacional debe priorizar donde más se necesita. ¿Qué sentido tiene celebrar más inversión si se olvida a las regiones que más sed tienen? La Guajira no puede seguir siendo el patio trasero del país, donde se anuncian obras, se hacen primeras fases y se abandonan las segundas, donde van a buscar la energía limpia de país y los guajiros no tiene energía limpia.

Desde ya les anuncio que daré la pelea en la Comisión Cuarta para que en el PGN 2026 se incluyan recursos específicos y suficientes para la Fase II del Proyecto Ranchería. No quiero más paños de agua tibia, no más artículos genéricos que dicen “priorizarán” sin definir absolutamente nada. Quiero la plata asegurada y lo más importante, con destinación clara.

Una vez más, La Guajira no se rinde.

Por Juan Loreto Gómez Soto – Representante a la Cámara por La Guajira/ 10 de Julio, 2025

En Colombia estamos mal jugando con dos derechos, el derecho a la identidad y el derecho al voto. Hoy ambas responsabilidades están en manos de una sola empresa, Thomas Greg & Sons, y debemos reconocer que esto, junto con las recientes decisiones y anuncios del gobierno, ha generado un ambiente de desconfianza que inquieta a todo el país.

Por un lado, tenemos el caos de los pasaportes, con filas interminables, donde las citas se volvieron imposibles y muchas personas viven con el miedo de que en septiembre se agudice la situación, porque el gobierno decidió romper de golpe el contrato sin tener caliente la solución. Nos prometen que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal se encargarán de la producción, pero la verdad es que no existe un plan claro ni un cronograma en el que confiar y si somos realistas, el pasaporte elaborado en Portugal seguramente saldrá al doble de precio y demorará más tiempo en la entrega. Este panorama deja claro que el Estado está fallando de forma alarmante en algo básico como garantizar un documento de identidad que le permita a la gente salir del país.

Por otro lado, esa misma empresa, que lleva años manejando los datos de los colombianos, será la encargada de la logística electoral de 2026. El Presidente desconfía y, con razón, advierte que es peligroso entregar tanto poder a un solo contratista. Y la verdad, sería irresponsable ignorar el tamaño del negocio, la concentración de datos y los posibles conflictos de interés.

Como también es verdad que la famosa Thomas es una empresa con dueños colombianos, que tiene la maquinaria y la experiencia para imprimir pasaportes, licencias de conducción, diplomas de universidades y colegio, tarjetones electorales y pruebas del ICFES. Además, ha demostrado tener la capacidad para custodiar elementos de la mayor sensibilidad y seguridad, algo que el Estado colombiano hoy no está en capacidad de garantizar por su cuenta. La verdadera incertidumbre aparece cuando dicen “con ellos no”, pero no hay otro proveedor ni una solución estatal que cumpla con los estándares técnicos, logísticos y de seguridad que se requieren.

Esto no es un problema de buenos y malos, ni se resuelve con discursos incendiarios, lo cierto es que la solución no puede ser la improvisación ni la reacción populista. Romper contratos sin tener un plan B listo no genera confianza, al contrario, siembra más desorden y sospecha.  

Hoy estamos metidos en una combinación explosiva, con la incertidumbre, la improvisación y la politiquería. Cada bando aprovecha este lío para alimentar su discurso mientras los ciudadanos quedan atrapados entre el temor a un fraude electoral y la frustración de no poder tramitar un pasaporte eficientemente. 

La salida no es ningún misterio, el gobierno debe dejar de pelear en X/Twitter y sentarse con todas las entidades competentes, incluido el propio contratista, para ordenar la casa. Se necesita una transición responsable, bien planeada y absolutamente transparente. Se podría prorrogar de manera controlada el servicio de pasaportes bajo vigilancia estricta y publicar cada avance de la adaptación de la Imprenta Nacional.

En materia electoral, urge contratar una auditoría internacional independiente que revise los sistemas, las bases de datos y la licitación de principio a fin para blindar la confianza ciudadana sin sacrificar soberanía. 

Si queremos recuperar la credibilidad, debemos dejar de lado la improvisación y comprometernos con el rigor, la planificación y el diálogo. En medio de esta tormenta estamos todos, ni la identidad ni la democracia se pueden negociar.

Posdata: Y hablando de improvisaciones, esta semana vimos cómo un puente de Wichita terminó presentado como obra en Riohacha. Una confusión que, aunque parezca anecdótica, refleja el mismo problema… se las dejo ahí.

Por Juan Loreto Gómez Soto – Representante a la Cámara por La Guajira / 3 de Julio, 2025.

El 20 de julio radicaré un proyecto de ley con un propósito muy claro. En este, quiero que las comunidades afrocolombianas cuenten con una asignación especial dentro del Sistema General de Participaciones, que les garantice recursos estables para financiar su desarrollo social, económico y cultural.

Esta propuesta no es un favor ni una carga para nadie, no se trata de quitarle a un territorio para dárselo a otro. Es, más bien, una herramienta para que todos los municipios, departamentos y distritos puedan cumplir mejor su misión de atender a la población afrocolombiana con los recursos que realmente necesitan.

Hoy el Sistema General de Participaciones es la principal fuente de financiación de los servicios básicos en municipios y departamentos. La Nación transfiere estos recursos para cubrir educación, salud, agua potable y otros programas esenciales. Este sistema ya incluye asignaciones especiales, como las destinadas a los resguardos indígenas, a la alimentación escolar o al pago de pensiones territoriales (FONPET). 

Actualmente, los resguardos indígenas reciben un porcentaje fijo del SGP que se descuenta antes de repartir los recursos entre municipios y departamentos. Esa medida asegura que su financiamiento no dependa de decisiones políticas ni de negociaciones anuales. Mientras tanto, las comunidades afrocolombianas siguen dependiendo de asignaciones que muchas veces son insuficientes, dispersas y vulnerables a la discrecionalidad.

Mi propuesta consiste en incluir a las comunidades afrocolombianas en este esquema, con un porcentaje fijo del 0.5 por ciento del SGP. Estos recursos llegarán directamente a sus territorios colectivos y se ejecutarán a través de contratos de administración celebrados entre los municipios y los consejos comunitarios con titulación colectiva. Este modelo permitirá que cada comunidad decida sus prioridades, defina sus proyectos y preserve su cultura sin tener que suplicar apoyos que deberían ser un derecho garantizado.

Quiero ser muy claro, esta asignación no es un obstáculo para los alcaldes, ni para los gobernadores. Será, por el contrario, una ayuda concreta para que puedan atender de manera efectiva las necesidades de su población afrocolombiana. Hoy muchos alcaldes y gobernadores enfrentan presupuestos limitados y obligaciones crecientes, donde tienen la responsabilidad de atender poblaciones diversas con recursos escasos. La medida que propongo no les quitará libertad ni autonomía, por el contrario, les entregará una herramienta para planear mejor, para coordinarse con los consejos comunitarios y para responder de manera efectiva a sus comunidades afrocolombianas. Así, tendrán un recurso garantizado y orientado a proyectos de inversión que mejoren la infraestructura, la educación, la salud, el desarrollo económico, la protección cultural. 

Sé que existe preocupación por cada nueva asignación que se descuenta del SGP. Entiendo esos temores y estoy dispuesto a dar el debate con argumentos. La autonomía territorial no se garantiza dejando solos a los mandatarios locales ante la realidad de las desigualdades, se fortalece asegurando recursos suficientes con reglas claras que permitan atender a todos de forma equitativa y eso, es lo que busca este proyecto.

Antes de radicarlo, convocaré una audiencia pública amplia y participativa. Quiero escuchar a los consejos comunitarios, a las autoridades locales, a los expertos en finanzas públicas y a las organizaciones sociales. Mi compromiso es construir una propuesta sólida, legítima y consensuada que sirva de verdad al país.

El 20 de julio daré este paso con la convicción de que Colombia necesita reconocer y apoyar su diversidad. Este proyecto no divide ni enfrenta a los territorios. Al contrario, les da más herramientas para trabajar juntos por el bienestar de toda su gente. Estoy listo para el debate y para la construcción colectiva. Creo en un país donde cada territorio tenga los recursos necesarios para garantizar una vida digna para todos sus habitantes. ¡Abramos esta puerta!

Por Juan Loreto Gómez Soto – Representante a la Cámara por La Guajira / 26 de junio, 2025

La Guajira cumple 60 años de vida administrativa, 60 años con la frente en alto, con coraje y siglos de historia.

La Guajira ha sido faro de libertad indígena cuando la Conquista se estrelló contra el coraje wayuu, frontera viva, con mares abiertos a la marimba, a la cultura, al comercio, a los sueños de los que no cabían en el centro. Sin embargo, también fue y sigue siendo saqueada, estigmatizada y mal gobernada. Pero hoy no es un día para hablar de lo triste, ya lo sabemos, ya lo hemos dicho.

Celebremos a esta tierra de carbón, sal, gas, cuna de vallenatos, mujeres que sostienen comunidades y de jóvenes que con poco, hacen mucho.

Aquí, en la tierra donde nadie se rinde, podemos decir que La Guajira no es una tragedia, es una potencia, pero solo quien la ha caminado y ha recibido la hospitalidad de su gente puede entenderlo. Solo quien ha sentido el viento de Jepirra, ha ido a Uribia donde el sol brilla, ha pasado por Manaure, hoy más que nunca la Dama Blanca de Colombia, ha vivido las playas y el carnaval de Dibulla, ha recorrido Maicao, la Vitrina Comercial, ha estado en Riohacha, donde siempre te estamos esperando, primo, ha conocido Albania, la Princesa Negra de La Guajira, ha sentido la calidez de Hatonuevo, tierra de la Amistad, ha amado a Barrancas, mi amada Tierra Amable, ha regresado a Fonseca, porque regresar a ella es repetir la dicha de nacer, ha descubierto Distracción, la Estrella de La Guajira, ha escuchado los versos en San Juan, tierra de la poesía viva, ha sentido el orgullo de El Molino, tierra del Cantante, ha gozado en Villanueva, cuna de acordeones, ha admirado a Urumita, la tierra de las mujeres bonitas o ha caminado por La Jagua, donde revive la Vela de Marquezote… sabe que de este desierto florece gente valiente, orgullosa y siempre dispuesta a darlo todo por su tierra.

Del norte wayuu al sur campesino, esta tierra late con fuerza propia. En el norte, las rancherías gritan que existen y en el sur, los pueblos resisten sin pedir permiso. Nosotros somos sal, gas y carbón, pero también música, palabra y fuego, somos la cuna de los poetas, de los luchadores, de los que no se rajan. Hoy nos llaman la anfitriona de la transición energética y quiero decirles que bienvenidos los paneles y los vientos, pero con condiciones. Que no nos usen como siempre, que la energía que salga de aquí alumbre nuestras propias casas primero, que cada torre eólica respete a nuestros pueblos y que el futuro no se construya sobre los mismos errores del pasado.

La Guajira está cumpliendo años y queremos que dejen de vernos como un departamento problema y que comiencen a reconocernos como el corazón vivo del Caribe colombiano. Hoy como un guajiro orgulloso, que ha visto de cerca el dolor y la grandeza de su gente, les digo que valemos más que cualquier promesa del pasado. 

Feliz vida a La Guajira, que el viento te siga empujando, pero que nunca más te empuje solo.

Por: Juan Loreto Gómez – Representante a la Cámara por La Guajira / 19 de junio, 2025

La Guajira sigue donde la dejaron. El nuevo Índice Departamental de Competitividad (IDC 2025) confirma lo que muchos ya sentimos, que no avanzamos. Otra vez en el puesto 25 entre 33 departamentos y ¿el puntaje? apenas 4,07 sobre 10. Así, mientras otros territorios suben, La Guajira se mantiene en el mismo lugar y no por falta de talento, ni por falta de recursos naturales. Nos estancamos porque la gestión departamental no ha estado a la altura del desafío y porque el país aún no entiende que sin desarrollo en las regiones no hay futuro para nadie.

Este no es un diagnóstico nuevo, es más bien una repetición dolorosa. En Colombia, el modelo de desarrollo sigue premiando a Bogotá y a unos pocos centros urbanos. La capital obtuvo un puntjae de 8,13, mientras La Guajira, junto con Guainía y Vaupés, apenas alcanza la mitad y no se trata solo de números, se trata de oportunidades que no llegan, de proyectos que no despegan, de jóvenes que se van.

Tampoco podemos culpar únicamente al centro del país, en La Guajira también hay responsabilidades. El mismo informe muestra que tuvimos nuestros mejores resultados en salud, instituciones y educación básica y media, pero incluso esos pilares siguen por debajo del promedio nacional, donde no hay avances sustanciales y los mayores rezagos se encuentran en pilares estructurales donde la acción de la Gobernación es determinante. Ocupamos los últimos lugares en infraestructura, sistema financiero, innovación y entorno para los negocios. Estas áreas son precisamente aquellas donde la inversión pública, la articulación interinstitucional y la planificación territorial deberían estar generando resultados concretos. Con  esto, la ausencia de políticas eficaces para mejorar el clima de inversión, fomentar el emprendimiento, ampliar la conectividad vial, desarrollo digital y fortalecer los ecosistemas productivos, evidencia una administración desconectada de las urgencias del desarrollo real. 

Pero en medio de todo esto, hay una noticia distinta, algo que rompe el patrón de frustración y deja ver que sí se puede cambiar. Esta semana, el Congreso aprobó la ley que reactiva y capitaliza a las Salinas Marítimas de Manaure, una empresa condenada a la liquidación. Hoy, gracias a este esfuerzo colectivo, esperamos que SAMA pase de generar 83 empleos directos a 150 y de 180 empleos indirectos a 450, donde más de 3.000 familias guajiras podrían beneficiarse. 

Esto no es una promesa, es una decisión tomada. Falta la sanción presidencial, sí, pero el mensaje es claro desde el congreso, aquí están bien representados. Esta ley también honra la voluntad del gran exministro Germán Umaña y del superintendente Billy Escobar, quienes entendieron que dejar morir a SAMA era cerrar una puerta más en una región que ya tiene demasiadas clausuradas.

Esta ley es fruto de una lucha persistente y un trabajo serio que no empezó en el Congreso, sino en el territorio por el Ministerio de Comercio. Como coordinador ponente, asumí la responsabilidad de defender esta iniciativa desde el primer momento. Convocamos y lideramos una audiencia pública por Manaure, donde escuchamos a los socios, trabajadores, representantes de los pueblos indígenas, transportistas y autoridades locales. 

A partir de ese diálogo construimos una ponencia sólida que fue aprobada en primer debate. No nos detuvimos ahí, sostuvimos reuniones constantes con los transportadores de sal, quienes durante años han sido invisibles. Gracias a ese trabajo articulado, logramos incluir un artículo que los protege y obliga al Gobierno Nacional a reglamentar medidas específicas para garantizar que esta capitalización también los beneficie. Esto es una ley defendida por un corazón Manaurero.

Así, el IDC seguirá revelando nuestras carencias, pero la Ley SAMA demuestra que aún es posible construir soluciones. Que la transformación no es una utopía y esta vez, por fin, parece haber comenzado.

Por: Juan Loreto Gómez Soto – Representante a la Cámara por La Guajira / 12 de junio, 2025

Una sociedad que pierde la confianza pierde el suelo sobre el que camina. Y en Colombia, en una semana, esa confianza ha sido golpeada desde todos los frentes.

El atentado al senador Miguel Uribe Turbay es más que un ataque a una persona o a un partido político, es un atentado contra la democracia y contra la posibilidad del disenso sin miedo. Cuando una bala intenta silenciar una voz del Congreso, se enmudece la voz de la democracia de millones que creen en el poder del voto.

El Estado falló en su deber de proteger al senador Miguel Uribe, se requiere una investigación seria, rápida y efectiva. No podemos seguir repitiendo el patrón doloroso en el que solo se captura a los autores materiales mientras los responsables intelectuales permanecen en la sombra.

Nuestra historia está marcada por ausencias que aún duelen: Galán, Lara Bonilla, Gómez Hurtado, Low Murtra… nombres que no solo representan a líderes, sino a voces que hicieron política desde las ideas y fueron silenciadas por las balas. Cada uno de ellos encarnaba el anhelo de una Colombia más justa, sus muertes siguen recordándonos que cuando la palabra se convierte en un riesgo, la democracia se tambalea.

La democracia requiere garantías reales y la primera de ellas es proteger la vida de quienes eligen representarnos, incluso cuando piensan distinto. Hacer política no puede ser un acto de valentía solitaria, necesitamos que la democracia vuelva a caminar con libertad por las calles, que se haga oír sin temor, que respire el aliento de su gente y sienta el respaldo de una ciudadanía que aún cree en ella.

Mientras tanto, en Cauca y Valle del Cauca, la violencia también ha multiplicado fuerza, carros bomba, ataques a estaciones de policía, explosiones en zonas comerciales, civiles heridos y alcaldes que se sienten solos frente a una criminalidad en aumento es un paisaje de que los grupos armados ilegales han enviado su mensaje de poder, mientras que el Estado parece estar reaccionando tarde y de forma insuficiente.

Aquí sí que estamos lamentando en lugar de prevenir, el Ministerio de Defensa se ha quedado corto en prevenir estas acciones, ¿y el Presidente?, el Presidente debería proteger los cimientos institucionales que sostienen al país, pero su cabeza solo está para la consulta popular.

No es exagerado decir que este Gobierno ha permitido que se degrade el orden social en todo el territorio. Su ambigua política de “paz total” ha derivado, en los hechos, en un fortalecimiento y expansión de los grupos armados ilegales.

A este panorama se suma la decisión reciente de suspender la regla fiscal mediante la cláusula de escape. Si bien esta figura existe en la legislación, su uso plantea riesgos que deben ser abordados con claridad y responsabilidad. 

La regla fiscal ha sido durante 15 años un pilar de la confianza económica del país, su suspensión aumentará el déficit en un año prelectoral, pasando del 5 a estar en el 8 por ciento del PIB y también, afectará la calificación crediticia de Colombia. Esto en medio de un ambiente económico frágil, con recaudos menores a los esperados y un gasto en aumento. Las consecuencias ya se anticipan, se espera un peso más débil, más intereses por deuda, menos espacio para inversión social y, sobre todo, una pérdida sustancial de confianza.

La confianza en la economía no se construye con cifras, sino con la certeza de que las instituciones actúan con previsibilidad y prudencia. Suspender la regla fiscal sin explicar con precisión cómo se compensará ese mayor gasto, puede tener efectos adversos en los mercados, en la tasa de cambio, en el costo de la deuda y en el debilitamiento de la credibilidad del país.

Ahora bien, estos tres hechos, aparentemente separados, tienen una raíz común, que es el debilitamiento de la confianza, confianza en que el Estado protege, confianza en que es posible hacer política sin amenazas, confianza en que las decisiones económicas se toman con rigor y no con urgencia.

Esta no es una discusión partidista, no se trata de oponerse al Gobierno ni de respaldarlo sin cuestionamientos. Se trata de defender el Estado de derecho, de proteger las instituciones y de cuidar el tejido de confianza que nos mantiene unidos como nación.

Este es un llamado a reconstruir la confianza, a recuperar la credibilidad desde las decisiones, desde el respeto a las reglas y desde el compromiso con el bien común. Colombia no puede permitir perder aquello que más cuesta recuperar, la confianza de su gente.

Por Juan Loreto Gómez Soto – Representante a la Cámara por La Guajira / 5 de junio, 2025

Misión La Guajira desmonta esa idea repetida de que aquí todo fracasa, de que es imposible trabajar con las comunidades. Lo está haciendo con hechos, no con discursos. Han llegado al territorio escuchando, adaptando las soluciones a las realidades del entorno, entendiendo que este es un territorio wayuu, donde las reglas también se escriben en su idioma y desde su cosmovisión.

Han logrado algo que muchos gobiernos no pudieron: ganarse la confianza de quienes, con toda razón, desconfían de los alijunas. Por eso valoro esta alianza entre el Grupo Aval, el Gobierno Nacional, Promigas, Prisa Media: Caracol y W Radio, y celebro que se sigan sumando nuevos aliados como Claro, la Registraduría Nacional, la Gobernación de La Guajira, UNICEF, World Bicycle Relief y el Banco de Bogotá con su programa de educación financiera con enfoque étnico. Todo este conjunto es una señal esperanzadora para nuestro territorio.

Aplaudo las jornadas de reciclaje a cambio de alimentos, la entrega de bicicletas, los sistemas solares comunitarios, las huertas, las plantas potabilizadoras y las campañas de identificación. Pero también tengo que decirlo sin rodeos: que esto no termine siendo otro “Guajira Azul”.

Ya hemos visto proyectos que, aunque bien intencionados, terminan mal porque no se planificó el mantenimiento, porque nadie respondió cuando los pozos dejaron de funcionar o los carrotanques desaparecieron. Y la pregunta es tan simple como urgente: ¿quién se va a hacer cargo de todo esto en dos o cinco años? Para no ir tan lejos,¿Se preparó a las comunidades para sostener lo que hoy se entrega con tanta emoción?

Por eso presenté el Proyecto de Ley 388 de 2024, que busca garantizar el mantenimiento de los sistemas de agua ya instalados. Porque una obra sin mantenimiento es una ruina anunciada. Si estas acciones no tienen presupuesto asignado ni un plan de sostenibilidad y perpetuidad en el tiempo, corren el riesgo de quedar como tantas otras: abandonadas al sol, al viento y al olvido. Esta Ley busca precisamente asegurar que lo que hoy llega como esperanza no se pierda mañana por falta de responsabilidad o recursos.

Y si queremos que el progreso dure, hay que pensar en la economía local. No basta con llevar agua o comida, hay que apostar por la autonomía de las comunidades. Por eso aplaudo que la educación financiera se imparta con enfoque étnico, reconociendo la cultura y los saberes del pueblo wayuu. Pero falta más, invito al sector cooperativo y solidario a sumarse activamente a Misión La Guajira. 

Las cooperativas de ahorro y crédito pueden jugar un papel clave en la dinamización de la economía local, permitiendo el acceso a microcréditos productivos incluso donde no hay respaldo financiero, garantías o cuentas formales. Esto exige modelos de evaluación solidaria, construidos sobre la base de la confianza comunitaria y el acompañamiento constante. 

Además, pueden ofrecer asesoría técnica, educación financiera continua y apoyo al desarrollo de emprendimientos adaptados al entorno. Tal vez, con ese impulso, sean las mismas comunidades quienes velen por el cuidado y mantenimiento de las soluciones que han recibido. Que la sostenibilidad surja desde adentro y no dependa siempre de afuera.

Y si hablamos de soluciones estructurales, no podemos dejar por fuera la urgencia de invertir en vías. Sin conectividad, todo se complica: los costos aumentan, los servicios tardan, el desarrollo se queda atrasado. Las vías no solo conectan territorios, también conectan derechos. Cada pozo, cada planta, cada aula, cada huerta necesita una carretera que le garantice vida útil, acceso y sostenibilidad. La transformación tiene que llegar por tierra firme.

Misión La Guajira está marcando un antes y un después. Que ese después no sea otra decepción, sino el comienzo de una transformación real. Porque cuando el Estado y el sector privado escuchan, respetan y actúan con seriedad, las comunidades responden.

Por Juan Loreto Gómez – Representante a la Cámara por La Guajira / 29 de mayo, 2025

La consulta previa no puede ser la excusa perfecta para frenar el desarrollo ni el obstáculo que lo distorsiona. Necesitamos reglas claras, tiempos razonables y voluntad real de diálogo. Tenemos que ser responsables, proteger derechos, pero también garantizar inversión, legalidad y oportunidades para nuestras comunidades.

En La Guajira sabemos, por experiencia in situ, que no todo proyecto grande significa desarrollo, pero también hemos aprendido que sin inversión estructural no hay bienestar duradero. Por eso, cuando se habla de transición energética, exploración costa afuera o cualquier iniciativa que pretenda transformar el futuro de Colombia, es urgente hablar también de lo que significa hacer las cosas bien. Y hacerlas bien incluye cumplir con la consulta previa, pero cumplirla con rigor, oportunidad y sentido de territorio.

La consulta previa es un derecho constitucional, todos lo sabemos, pero no puede seguir tratándose como un callejón sin salida. Hoy se abusa de dos extremos igual de dañinos: se ignora y se judicializa o se activa sin claridad, sin plazos, sin interlocutores legítimos. En ambos escenarios pierde el Estado, pierden las comunidades y pierde La Guajira.

La solución no es debilitar la consulta, es fortalecerla. Necesitamos un procedimiento claro, transparente y con tiempos definidos, que no llegue tarde, que no se use como herramienta de bloqueo o de chantaje político, que no se convierta en campo de batalla para agendas externas. Debe ser una consulta real, que escuche de verdad y construya consensos viables.

Tengo el deber de defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero también, la responsabilidad de abrir camino para que los proyectos estratégicos, lo que generan empleo, ingresos y transformación social, se hagan con legitimidad y diálogo oportuno. Desarrollo y consulta no son opuestos, son complementarios y esa articulación no es solo posible, es urgente.

Hay casos en los que una consulta bien hecha previene conflictos, evita fracturas entre comunidades hermanas dándole solidez legal y social a los proyectos. Por eso no se trata de criticar o quejarnos, se trata de asumir un rol activo como garantes: acompañar, facilitar, mediar, garantizar. Cuando la consulta se hace bien, protege; cuando se hace mal o no se hace, esmigaja todo: legitimidad, confianza, gobernabilidad.

El reciente fallo sobre Sirius-2 debe leerse con cabeza fría y con ánimo constructivo. No como un castigo, sino como un recordatorio: la consulta no es un trámite prescindible, es un mecanismo esencial para garantizar derechos y para evitar errores estratégicos. Que este fallo no nos paralice, sino que nos haga corregir el rumbo, para que las comunidades sean escuchadas a tiempo, no cuando ya todo está decidido y para que desde los territorios podamos exigir desarrollo en condiciones justas y posibles.

Mi llamado, entonces, es claro: Ecopetrol y Petrobras deben cumplir con la consulta previa como lo ordenan la Constitución y el Convenio 169. Pero además deben actuar con visión territorial. No es razonable que un proyecto como Sirius-2 tenga su centro de operaciones en Santa Marta y no en Riohacha. Si no querían entenderse con las comunidades, ahora la ley los obliga a hacerlo. La buena noticia: aún hay tiempo para corregir, para construir, para dialogar.

Porque la consulta previa no puede seguir siendo ni excusa de los inversionistas ni obstáculo por parte de las comunidades. Tiene que ser garantía. Y si se hace bien, puede ser el punto de partida del desarrollo que tanto le debemos a nuestras regiones.

• WordPress
• Facebook
• Instagram
• X